Equiparar las tasas de actividad y de paro de las personas con discapacidad a las del conjunto de la población (60% y 10%, respectivamente) a través del empleo protegido (manteniendo actual peso de este tipo de centros en la oferta de empleo a este colectivo) requiere multiplicar por cinco el gasto estatal en la materia y, como mínimo, duplicar el actual número de usuarios de los centros especiales de empleo (CEE). Éste es uno de los principales resultados de este estudio. El trabajo analiza en primer lugar la situación laboral de las personas con discapacidad y la normativa existente en materia de integración laboral de este colectivo, para después valorar escasa (según apuntan los datos) efectividad de la política de empleo protegido entre 1994 y 2001: entre ambos años, el peso de los contratos de las personas con discapacidad respecto al total de contratos pasó del 0.15 % al 0.25 %, mientras que el gasto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en esta materia, fundamentalmente destinado a los CEE, se triplicó. Para poder alcanzar esos niveles de gasot y de generación de empleo en los CEE, el autor del trabajo apuesta implicar a la iniciativa privada en la generación de puestos de empleo en el sector protegido.
Información recogida de Boletín del Real Patronato sobre Discapacidad (2008, agosto) 64