La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia fue recibida como una oportunidad para las personas con intensas necesidades de apoyo. Aunque esas expectativas tenían una base sólida, a diez años de su puesta en marcha es imposible afirmar que esté garantizado el nuevo derecho de ciudadanía que esta norma configuró. En este artículo se analiza la situación actual de su aplicación, se identifican sus principales efectos sobre las políticas de discapacidad y se formulan propuestas para su revitalización, conforme a los principios de universalidad, equidad y accesibilidad que la inspiraron.
Resumen recogido de la publicación